ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS AL AUTO 441 19Referencia: Expediente ICC 3697Asunto: Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil-Familia Unitaria y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento aclaración de voto al auto proferido en el asunto de la referencia.1. En esta oportunidad, se originó una controversia entre la Sala Civil-Familia Unitaria y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, sobre la acción de tutela presentada por el señor Juan Diego López Pulecio, en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima), por encontrar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, pues al interior de un proceso ordinario laboral, la notificación personal de un embargo en su contra le fue remitida a una dirección en Guamo, a pesar de que reside en México desde 2012, por lo que no tuvo conocimiento de la actuación.Por reparto, el asunto fue asignado a la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, autoridad judicial que mediante auto del 14 de junio de 2019 declaró su falta de competencia para decidir el asunto de amparo, comoquiera que en virtud del numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, las acciones de tutela dirigidas contra los jueces o tribunales deben ser repartidas al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada. En esa medida, la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué señaló que, aunque “ostente la calidad de superior funcional del Juzgado Civil del Circuito de Guamo, lo cierto es que dada la naturaleza laboral sobre la que recae el recurso de amparo es que deban remitirse las presentes diligencias a la Sala correspondiente de este Tribunal para lo de su competencia” (sic). En razón de lo anterior, el asunto fue repartido a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual, a través de auto de 20 de junio de 2019, ordenó remitir el asunto nuevamente a la Sala Civil-Familia Unitaria del mismo Tribunal al estimar que lo argumentado por esa autoridad son simples reglas de reparto que no autorizan al juez para declararse incompetente. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué suscitó el conflicto de competencia negativo, al considerar que Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (Tolima) conoció del proceso laboral en virtud del artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social siendo su superior jerárquico la Sala Laboral del Tribunal. En ese orden, remitió el expediente a la Sala de Gobierno de los tribunales superiores de distrito judicial para que resolviera el conflicto de competencia suscitado.Mediante Acta No. 51 del 25 de junio de 2019, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué acordó que el conocimiento de la acción de tutela correspondía a la Sala Laboral ordenando la remisión del expediente para que dicha autoridad diera trámite al escrito de tutela. No obstante, la Sala Quinta de Decisión Laboral de ese Tribunal mediante auto del 27 de junio de 2019, consideró que debía inaplicarse lo resuelto y propuso conflicto negativo remitió el expediente a la Corte Constitucional.
2. En ese escenario, el pleno de esta Corporación, a través del Auto 441 de 2019, inaplicó el acta por medio de la cual la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué envió la acción de tutela a la Sala Laboral del mismo Tribunal y dejó sin efectos los autos proferidos por la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante la cual había declarado su falta de competencia para conocer la acción de tutela, ordenando que, de manera inmediata, tramitara y adoptara la decisión de fondo que hubiese lugar.Consideró que la observancia de los artículos 2.2.3.1.2.1 al 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017), no puede servir como fundamento para que una autoridad judicial se declare incompetente, pues está prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes, con base en la inobservancia de las reglas de reparto. Señaló que en el presente caso no se configuró un reparto caprichoso de la acción de tutela tomando como precedente lo considerado en el Auto 267 de 2019, providencia que desechó la posible configuración de un reparto caprichoso cuando en la asignación de una tutela contra providencia judicial, esta no es repartida al superior de la misma especialidad de la autoridad judicial accionada.
3. En tal sentido, a pesar de que en aplicación del Decreto 1983 de 2017 el asunto se debió asignar a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el auto emitido por la Sala Plena ordenó a la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué conocer la acción de tutela, siguiendo así la misma línea que el Auto 267 de 2019. Así, al igual que lo señalé en el salvamento de voto al precitado auto, considero que, en concordancia con lo establecido por esta Corte en la sentencia C-154 de 2016 sobre la obligatoriedad de las reglas de reparto para las oficinas de apoyo judicial, y lo señalado en los Autos 124 y 198 de 2009 en relación con el reparto arbitrario en acciones de tutela contra providencia judicial, es dable concluir que existe una tergiversación manifiesta de estas normas cuando, en contravía del numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, la tutela no es repartida al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada.4. No desconozco que de antaño la Corte ha defendido la idea de que todos los jueces somos constitucionales, y en esa medida la competencia para tramitar una acción de tutela, no ha de detenerse en las particularidades sustantivas del asunto que ocupe la atención del funcionario a quien se ha asignado el conocimiento un específico caso. Con todo, esa visión inicial que logró convencer de que las vicisitudes procedimentales no podían servir para entrabar la protección del derecho fundamental, tuvieron que ser morigeradas al aceptarse la acción de tutela contra providencias judiciales, y en esa medida al entender que la aplicación correcta de las normas sustantivas puede afectar el debido proceso. Por ello las reglas de reparto tienen una función de garantía, pues, al no ser todos jueces, funcionarios con plenas competencias, la especialidad cobra importancia sinigual. En Colombia la proliferación de normas impide que un juez pueda -en principio- ocuparse de todas las especialidades temáticas. Y por ello cada juez domina su particular rama de conocimiento. Para quien esto escribe, y mientras los jueces se ocupen de una parcela y no de todas las materias, el ciudadano tiene derecho a exigir que se respete el mentado ámbito de garantía. Por lo menos en lo que respecta a la acción de tutela contra providencias judiciales. De suerte que si mañana un juez penal del circuito especializado, que se ocupa de asuntos de gran enjundia y complejidad tanto sustantiva como procesal (por ejemplo en el debate procesal y sus mil particularidades) es acusado de desconocer el debido proceso en un específico y connotado segmento – sustantivo o adjetivo- podrá ser accionado por la vía de tutela ante quien es su superior funcional, quien se presume goza de mayor experticia en el tema , y podrá enrostrarle los vicios endilgados o rubricar la corrección del acto señalado. Pero si ese juez laboral quien como “superior” del juez penal especializado, pretender decirle –por ejemplo– que al tasar las penas este partió de un cuarto que no era el correcto –porque concurrían unas agravantes genéricas–, pero que además el hecho punible a pesar de ser tentado apenas podía ser tildado de un arrepentimiento con menor detracción punitiva, fuera de que el imputado no era cómplice sino interviniente,…Y un largo etcétera de dificultades dogmáticas, el escenario que se advierte es que el juez laboral debería tomar un extenso curso de derecho penal , antes de resolver con el acierto esperado del juez experto, tan delicadas temáticas. Así que aplicar el criterio general de que todos los jueces son jueces constitucionales, y por ella la inexistencia de especialidades, en temas de tutela contra sentencias resulta necesario que sea acotado. Y eso fue lo que se hizo con la legislación de garantía de reparto, para lograr el respeto del juez de la especialidad en materia de acción de tutela contra providencias judiciales. Ahora bien, por respeto al precedente de la Sala Plena y en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe, confianza legítima y de racionabilidad acompaño la decisión mayoritaria; no obstante, mi postura en el presente asunto es la de aclarar mi voto, pues considero que la acción de tutela debía resolverse por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, teniendo en cuenta que se alegaba la vulneración del debido proceso por indebida notificación en un proceso ordinario laboral. En estos términos, dejo consignada mi aclaración de voto.Fecha ut supra,JOSÉ FERNANDO REYES CUARTASMagistrado ---pies de página--- Cuaderno # 1, folio
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo, que conoció del proceso ordinario laboral, designó a un curador ad litem, que según el accionante, “solo se limitó a responder la demanda en 5 folios, no se presentó a ninguna audiencia ni interpuso ningún recurso, ni incidente, es decir no tuve defensa técnica”. Tampoco asistió a la audiencia de juzgamiento, por lo que el accionante fue condenado. Por lo anterior, el actor alega: “no tuve la verdadera oportunidad de defenderme [sic] de interponer [sic] pruebas y de objetar u oponerme a las que se interpusieron en mi contra”. Cuaderno # 1, folio
17. Auto de la Magistrada Mabel Montealegre Varón. Cuaderno # 1, folio
17. Cuaderno # 1, folio
21. Auto del Magistrado Carlos Orlando Velásquez Murcia. Cuaderno # 1, folio
22. Cuaderno # 1, folios 26-27. Auto de la Magistrada Mabel Montealegre Varón Modificado por el Decreto 1983 de 2017. Cuaderno # 1, folio
26. Artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: “Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás. || Donde no haya juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez de circuito en lo civil (…)”. Cuaderno #1, folios 28-29. Cuaderno #1, folios 32-34. Auto del Magistrado Carlos Orlando Velásquez Murcia. Cuaderno # 1, folio
33. Ver, entre otros, los autos 014 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía; 087 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; 122 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; 280 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis; 031 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo; 244 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa; 218 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; 492 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 565 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 178 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; y 325 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. Autos 170A de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; y 205 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, entre otros. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Autos 159A de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; y 170A de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. El siguiente es el texto del artículo 18 de la Ley 270 de 1996: “Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”. Ver, por ejemplo, el Auto 493 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original). De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). Véanse también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; y 496 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 157 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 007 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 028 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 052 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 059 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 059A de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 061 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; 063 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 064 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; 066 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 067 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 072 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 086 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 087 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 106 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; 152 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 171 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 197 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 332 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y 325 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. Debido a ello, el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Esta posición fue establecida por la Corte en el Auto 124 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa ocasión, esta Corporación consideró que, si bien no es posible promover conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, esto no lleva a desconocer su validez. Por consiguiente, “deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario”. Esta postura ha sido reiterada en el Auto 198 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), que ha sido tenido en cuenta de manera continua por la Corte en los pronunciamientos subsiguientes y, más recientemente, en autos como los siguientes: 365 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 378 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 525 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 588 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; 293 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 216 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera; y 267 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Auto 267 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Auto 198 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte, incluso, ha llegado a sostener, en el Auto 073 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), por ejemplo, que “no es acertado que una autoridad par o de inferior categoría resuelva el amparo que se presenta contra por ejemplo un alto tribunal”. Esta providencia se reitera en el Auto 372 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). Auto 267 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véanse, entre otros, los Autos 145 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 810 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 803 de 2018 M.P. Diana Fajardo Rivera: 662 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 712 de 2017 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 124 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos. En estos casos, la Corte Constitucional asignó la competencia a la primera autoridad a la cual fue repartida la acción de tutela aunque no correspondía al superior funcional de dicha especialidad. En este sentido, si la demanda se dirige contra un juzgado civil municipal y se reparte a un juzgado administrativo del circuito no se evidencia, en principio, la existencia de un reparto caprichoso o arbitrario. Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. M.P. Carlos Bernal Pulido. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Auto 417 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015: “Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”. Auto 417 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Reglas resumidas en esta providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). Puedo afirmar sin temor a equívocos, que un juez penal que no está al tanto de la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, difícilmente puede emprender la verificación de un juicio contra un ciudadano, dadas las incontables sub-reglas que se han creado desde el propio acto de imputación, siguiendo por la acusación, la preparatoria y el juicio oral. Quien no está al tanto por ejemplo respecto de las sub-reglas de producción de la prueba, o de cómo hacer producir efectos una prueba anticipada, o cuando es admisible una prueba de refutación, o cómo lograr que se decreten pruebas comunes a las partes, o cómo puede la victima materializar una solicitud probatoria, etc., etc., difícilmente puede participar con relativa corrección en el trámite procesal penal. Y ello por cuanto es un tema altamente especializado. En cumplimiento del deber que le asiste a esta Corporación como órgano de cierre unificar su jurisprudencia en materia constitucional, sus pronunciamientos se convierten en precedente judicial de obligatorio cumplimiento en aplicación del artículo 241 de la Constitución. En la sentencia C-253 de 2013 la Sala Plena afirmó que la importancia de mantener un precedente, en particular cuando este ha sido sentado por las Altas Cortes en las que se unifica la jurisprudencia sobre diferentes materias, responde a la necesidad de garantizar los principios en mención. Téngase en cuenta el respeto manifestado por los magistrados de esta Corporación al precedente constitucional. Ver sentencias C-067 de 2018, C-071 de 2018, entre otras.